martes, 7 de septiembre de 2010

Silvio Halperín sondeado por el PRO y el Duhaldismo en Capital


Silvio Halperín, dirigente peronista de importante trayectoria dentro del justicialismo, comienza a ser tanteado tanto por el PRO como el duhaldismo. Es que Halperín presidente de la Asociación de Propietarios e Inquilinos, con un exitosísimo grupo en Facebook, comienza a ganar volumen en el peronismo de Capital, a fuerza de legitimidad propia y de ausencia de referentes peronistas que no esten sujetos a la dicotomía K, no K.
Dicen en el bunker de Halperín, que todavía no se piensa en candidaturas, que la idea de Halperín es seguir trabajando con sus equipos técnicos para resolver los problemas de los propietarios e inquilinos, no solo aquellos que tienen que ver con el consorcio, adminsitradores y encargados, sino también con la basura, las inundaciones, el transporte y la inseguridad, ejes que hacen a la vida de los porteños.

Duro con los programas de responsabilidad social empresaria

El ataque es a la yugular. Cito literalmente: "Si ves los informes de responsabilidad social de las empresas... ¡Todas dicen lo mismo! Hay compañías que hablan, y otras que hacen”. No está mal viniendo del primer responsable de una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo, en cuyas manos queda por tanto inculcar esta idea entre su alumnado.



Inmediatamente me vino a la cabeza una extraña pieza publicada por el Wall Street Journal el pasado 23 de agosto en el que su autor, Aneel Karnani, lleva al extremo tal idea afirmando la ineficiencia y/o irrelevancia de las actividades de RSC. Su tesis es que sólo cuando haya un interés económico que lo justifique, incardinado en el mandato de los accionistas de maximizar su beneficio, una compañía aceptará hacer de tales acciones parte de su política empresarial.

No sólo eso, el autor concluye que se trata de una iniciativa socialmente contraproducente ya que delega en organizaciones con ánimo de lucro la tarea que corresponde a los políticos o la sociedad civil.

“Una ilusión potencialmente peligrosa”, afirma. La idea no es nueva, ya habló Milton Friedman de ella en 1970. El mundo es una rueda que gira y gira.

Como uno no es tan masoquista como para sublimarse en discusiones estériles, fue la viralidad del artículo y la acumulación de comentarios alrededor del mismo la que llamó mi atención.

Es por eso que hoy se lo traigo a colación. Y les decía que es un documento extraño por dos motivos.

Uno, publicado en un medio tan aparentemente liberal como el de Murdoch, su conclusión no puede ser más intervencionista al defender la imposición administrativa de la RSC por la vía punitiva: “Al final, la RSC no deja de ser un cálculo financiero para los directivos encargados de implantarla, como cualquier otro aspecto del negocio. La única manera de asegurarse su ejercicio es fijando un coste inaceptable -vía impuestos, multas o escarnio público (¡!)- al comportamiento socialmente irresponsable”. Sorprendente, especialmente por la imposibilidad de establecer criterios estándar sobre la materia.


Y en segundo lugar es extraño porque cae en un reduccionismo absurdo implícito en la cita anterior: la consideración de la RSC más como un gasto sin retorno que drena beneficios de la cuenta de resultados de la compañía, que como una inversión en sí misma.

Siendo así, su retorno, por definición, se ha de situar en un horizonte temporal más lejano y no es susceptible de ser medido de forma numérica, sino en términos de imagen en relación con todos los que interactúan con la firma. Hay un rédito no estrictamente mercantil cuya cuantificación a priori es, en la mayoría de las ocasiones, complicada.

Algo que deslegitima, en cierto modo, el argumento financiero del autor. Obviamente, sin gestión subyacente del negocio principal, de poco vale el esfuerzo. Pero, parafraseando a Karnani, es lo mismo que ocurre con cualquier otra inversión empresarial, ¿no?


¿Pura pose o compromiso real con la sociedad?, ¿actividad necesaria o maquillaje formal?, ¿efectiva o efectista? Ese es el debate que plantea el autor.

Sorprende cómo se pone sobre la mesa esta cuestión cuando hace apenas dos telediarios, en el momento álgido de la crisis, se generalizó la necesidad de refundar el capitalismo para que incorporara su vertiente más social: aquella que debía conciliar el beneficio a corto con la responsabilidad a medio/plazo de las decisiones empresariales.

¿Dónde ha quedado todo aquello? En tanto se mantengan los mecanismos de reporting trimestral de resultados, las remuneraciones ligadas a los mismos y la esclavitud de unas expectativas que apenas toleran sacrificios a corto, será complicado que la RSC sea un objetivo comúnmente compartido.

Duro con los programas de responsabilidad social empresaria

El ataque es a la yugular. Cito literalmente: "Si ves los informes de responsabilidad social de las empresas... ¡Todas dicen lo mismo! Hay compañías que hablan, y otras que hacen”. No está mal viniendo del primer responsable de una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo, en cuyas manos queda por tanto inculcar esta idea entre su alumnado.



Inmediatamente me vino a la cabeza una extraña pieza publicada por el Wall Street Journal el pasado 23 de agosto en el que su autor, Aneel Karnani, lleva al extremo tal idea afirmando la ineficiencia y/o irrelevancia de las actividades de RSC. Su tesis es que sólo cuando haya un interés económico que lo justifique, incardinado en el mandato de los accionistas de maximizar su beneficio, una compañía aceptará hacer de tales acciones parte de su política empresarial.

No sólo eso, el autor concluye que se trata de una iniciativa socialmente contraproducente ya que delega en organizaciones con ánimo de lucro la tarea que corresponde a los políticos o la sociedad civil.

“Una ilusión potencialmente peligrosa”, afirma. La idea no es nueva, ya habló Milton Friedman de ella en 1970. El mundo es una rueda que gira y gira.

Como uno no es tan masoquista como para sublimarse en discusiones estériles, fue la viralidad del artículo y la acumulación de comentarios alrededor del mismo la que llamó mi atención.

Es por eso que hoy se lo traigo a colación. Y les decía que es un documento extraño por dos motivos.

Uno, publicado en un medio tan aparentemente liberal como el de Murdoch, su conclusión no puede ser más intervencionista al defender la imposición administrativa de la RSC por la vía punitiva: “Al final, la RSC no deja de ser un cálculo financiero para los directivos encargados de implantarla, como cualquier otro aspecto del negocio. La única manera de asegurarse su ejercicio es fijando un coste inaceptable -vía impuestos, multas o escarnio público (¡!)- al comportamiento socialmente irresponsable”. Sorprendente, especialmente por la imposibilidad de establecer criterios estándar sobre la materia.


Y en segundo lugar es extraño porque cae en un reduccionismo absurdo implícito en la cita anterior: la consideración de la RSC más como un gasto sin retorno que drena beneficios de la cuenta de resultados de la compañía, que como una inversión en sí misma.

Siendo así, su retorno, por definición, se ha de situar en un horizonte temporal más lejano y no es susceptible de ser medido de forma numérica, sino en términos de imagen en relación con todos los que interactúan con la firma. Hay un rédito no estrictamente mercantil cuya cuantificación a priori es, en la mayoría de las ocasiones, complicada.

Algo que deslegitima, en cierto modo, el argumento financiero del autor. Obviamente, sin gestión subyacente del negocio principal, de poco vale el esfuerzo. Pero, parafraseando a Karnani, es lo mismo que ocurre con cualquier otra inversión empresarial, ¿no?


¿Pura pose o compromiso real con la sociedad?, ¿actividad necesaria o maquillaje formal?, ¿efectiva o efectista? Ese es el debate que plantea el autor.

Sorprende cómo se pone sobre la mesa esta cuestión cuando hace apenas dos telediarios, en el momento álgido de la crisis, se generalizó la necesidad de refundar el capitalismo para que incorporara su vertiente más social: aquella que debía conciliar el beneficio a corto con la responsabilidad a medio/plazo de las decisiones empresariales.

¿Dónde ha quedado todo aquello? En tanto se mantengan los mecanismos de reporting trimestral de resultados, las remuneraciones ligadas a los mismos y la esclavitud de unas expectativas que apenas toleran sacrificios a corto, será complicado que la RSC sea un objetivo comúnmente compartido.

Cristina mete una cuña entre la UIA y Clarín

Luego de la semana de mayor tensión con el sector empresario de la era K, el Gobierno sorprendió este viernes y confirmó que asistirá al cierre de la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), que tendrá lugar dentro de dos meses y medio. Después de semanas de ataques, incluso a la propia UIA, entre las gremiales empresarias se leyó el “cambio de actitud” como un intento de desbloquear al sector privado del entorno del Grupo Clarín.

Ni el presidente de la UIA, el empresario plástico Héctor Méndez, se esperaba semejante gesto de seducción, luego de semanas cargadas de embestidas contra el sector privado, que incluyó el freno a la represa Ayuí –propiedad de un directivo de Clarín–, los bloqueos del sindicato de Camioneros, cercano al oficialismo, a la compañía Rabe, la pegatina de afiches anónimos en el microcentro porteño en los que se acusaba a legisladores de la oposición de ser los “empleados del mes” de Clarín, la presión del oficialista gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, para que la conducción de la UIA a nivel nacional no participe de una conferencia regional, entre otras manifestaciones.

“Me dejó asombrado. ¡¿Qué?!, me dije. Me maravillé”, reconoció Méndez en diálogo con PERFIL. La invitación a la Conferencia de la UIA había sido enviada a Presidencia el martes. Por lo general, el Gobierno no confirma su asistencia hasta último momento.

El año pasado, la presidenta Cristina Kirchner decidió que nadie del oficialismo participara en ese evento del encuentro empresario como represalia a la decisión de Méndez de compartir una tribuna con el titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, en el 45° Coloquio de IDEA, en Mar del Plata. Sin embargo, el Gobierno ayer se anticipó 75 días y anunció su asistencia, primero a través de Télam, quien adelantó una respuesta del titular de la UIA quien entonces aún no había escuchado la definición de la Presidenta a la pregunta de un periodista.

“Obviamente voy a estar allí presente: siempre he estado”, aseguró la jefa de Estado a la prensa desde la localidad santacruceña de Las Heras. “Siempre estuve presente en todos los actos de la industria, no sólo por un tema protocolar, sino porque nuestro Gobierno cree en ese modelo de país y de producción”, dijo, sin mencionar el faltazo de 2009.

El cambio de rumbo de Cristina también se produjo luego de que la jefa de Estado, en un acto organizado por la CAME calificó de “hipócritas” a los empresarios, que se benefician con el modelo y critican al Gobierno.

La imagen en sus retinas es la foto de un encuentro que tuvo lugar hace algunas semanas entre miembros de la UIA y la Asociación Empresarios Argentinos (AEA), entre los cuales se encontraba el titular del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, horas antes de que se produjera un encuentro del peronismo disidente con el CEO de Clarín en su domicilio particular de Recoleta.

ESPERANZA
Aunque el titular de la UIA se mostró esperanzado, y calificó al anuncio oficial de asistir a la convención como “una buena señal”, otros empresarios son más escépticos. En off the record, advirtieron que las críticas del Gobierno al empresariado se acentuaron luego del encuentro UIA-AEA. Según ellos, no sería descabellado que el último giro oficial, lejos de significar una actitud dialoguista del Gobierno, representara parte de una estrategia direccionada a aislar al grupo multimedial. “Dividir para reinar”, opinan. No obstante, Méndez consideró que “la Presidenta tiene que convivir con la industria del mismo modo que el empresariado tiene que convivir con ella”.

Además, la presidenta Cristina de Kirchner elogió ayer a la petrolera YPF por continuar con sus inversiones en el país y ser el “mayor contribuyente que tiene la AFIP”. El vicepresidente y CEO de la firma, Sebastián Eskenazi, que era el anfitrión del acto, retribuyó los elogios y cuestionó a los empresarios que “hablan sin saber”, anunció que “YPF duplicó su producción” y aseguró que “cada punto del PBI que crece el país, el parque energético tiene que crecer 50%, lo que implica miles de millones de dólares”.

“Estoy cansado de escuchar a los agoreros de siempre que nos tratan de convencer de que no tenemos futuro, que somos malos y no sabemos hacer las cosas en materia energética”, dijo el empresario afín al Gobierno en alusión a las críticas que recibe la compañía de ex secretarios de Energía vinculados con la Alianza y de legisladores de la oposición. “Estamos en inversiones duplicando la capacidad de refino, y ampliando nuestra red de distribución”.

“Querido amigo Sebastián Eskenazi”, dijo Cristina, quien destacó que él está al frente de “la empresa más importante de la República Argentina"

Cristina mete una cuña entre la UIA y Clarín

Luego de la semana de mayor tensión con el sector empresario de la era K, el Gobierno sorprendió este viernes y confirmó que asistirá al cierre de la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), que tendrá lugar dentro de dos meses y medio. Después de semanas de ataques, incluso a la propia UIA, entre las gremiales empresarias se leyó el “cambio de actitud” como un intento de desbloquear al sector privado del entorno del Grupo Clarín.

Ni el presidente de la UIA, el empresario plástico Héctor Méndez, se esperaba semejante gesto de seducción, luego de semanas cargadas de embestidas contra el sector privado, que incluyó el freno a la represa Ayuí –propiedad de un directivo de Clarín–, los bloqueos del sindicato de Camioneros, cercano al oficialismo, a la compañía Rabe, la pegatina de afiches anónimos en el microcentro porteño en los que se acusaba a legisladores de la oposición de ser los “empleados del mes” de Clarín, la presión del oficialista gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, para que la conducción de la UIA a nivel nacional no participe de una conferencia regional, entre otras manifestaciones.

“Me dejó asombrado. ¡¿Qué?!, me dije. Me maravillé”, reconoció Méndez en diálogo con PERFIL. La invitación a la Conferencia de la UIA había sido enviada a Presidencia el martes. Por lo general, el Gobierno no confirma su asistencia hasta último momento.

El año pasado, la presidenta Cristina Kirchner decidió que nadie del oficialismo participara en ese evento del encuentro empresario como represalia a la decisión de Méndez de compartir una tribuna con el titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, en el 45° Coloquio de IDEA, en Mar del Plata. Sin embargo, el Gobierno ayer se anticipó 75 días y anunció su asistencia, primero a través de Télam, quien adelantó una respuesta del titular de la UIA quien entonces aún no había escuchado la definición de la Presidenta a la pregunta de un periodista.

“Obviamente voy a estar allí presente: siempre he estado”, aseguró la jefa de Estado a la prensa desde la localidad santacruceña de Las Heras. “Siempre estuve presente en todos los actos de la industria, no sólo por un tema protocolar, sino porque nuestro Gobierno cree en ese modelo de país y de producción”, dijo, sin mencionar el faltazo de 2009.

El cambio de rumbo de Cristina también se produjo luego de que la jefa de Estado, en un acto organizado por la CAME calificó de “hipócritas” a los empresarios, que se benefician con el modelo y critican al Gobierno.

La imagen en sus retinas es la foto de un encuentro que tuvo lugar hace algunas semanas entre miembros de la UIA y la Asociación Empresarios Argentinos (AEA), entre los cuales se encontraba el titular del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, horas antes de que se produjera un encuentro del peronismo disidente con el CEO de Clarín en su domicilio particular de Recoleta.

ESPERANZA
Aunque el titular de la UIA se mostró esperanzado, y calificó al anuncio oficial de asistir a la convención como “una buena señal”, otros empresarios son más escépticos. En off the record, advirtieron que las críticas del Gobierno al empresariado se acentuaron luego del encuentro UIA-AEA. Según ellos, no sería descabellado que el último giro oficial, lejos de significar una actitud dialoguista del Gobierno, representara parte de una estrategia direccionada a aislar al grupo multimedial. “Dividir para reinar”, opinan. No obstante, Méndez consideró que “la Presidenta tiene que convivir con la industria del mismo modo que el empresariado tiene que convivir con ella”.

Además, la presidenta Cristina de Kirchner elogió ayer a la petrolera YPF por continuar con sus inversiones en el país y ser el “mayor contribuyente que tiene la AFIP”. El vicepresidente y CEO de la firma, Sebastián Eskenazi, que era el anfitrión del acto, retribuyó los elogios y cuestionó a los empresarios que “hablan sin saber”, anunció que “YPF duplicó su producción” y aseguró que “cada punto del PBI que crece el país, el parque energético tiene que crecer 50%, lo que implica miles de millones de dólares”.

“Estoy cansado de escuchar a los agoreros de siempre que nos tratan de convencer de que no tenemos futuro, que somos malos y no sabemos hacer las cosas en materia energética”, dijo el empresario afín al Gobierno en alusión a las críticas que recibe la compañía de ex secretarios de Energía vinculados con la Alianza y de legisladores de la oposición. “Estamos en inversiones duplicando la capacidad de refino, y ampliando nuestra red de distribución”.

“Querido amigo Sebastián Eskenazi”, dijo Cristina, quien destacó que él está al frente de “la empresa más importante de la República Argentina"

domingo, 5 de septiembre de 2010

Fargosi: de Cobos con amor

El alfil de Julio Cobos ganó en el colegio de abogados, ex Tacuara, amigo de Franco Macri y lector de Daniel Goleman

Podría ser tema para cuatro abogados en el Petit Colón, Lavalle y Libertad: “¿Viste? Ganó Fargosi”. O de dos empresarios tejiendo negocios en un campo de golf sin sudestada: “Este les va a poner un freno”. Pero es una noticia política que merece más atención. Alejandro Fargosi ganó limpiamente un lugar en el Consejo de la Magistratura por los abogados porteños. Sobre 9856 votos, Fargosi obtuvo el 60,2 por ciento, contra el 29,4 de Jorge Rizzo y el 10,3 por ciento de Beinusz Szmukler.

El triunfo de Fargosi surgió tras un prolijo armado entre la Unión Cívica Radical, el PRO de Mauricio Macri y la estructura del Colegio de Abogados de la Capital Federal. Ese Colegio no es el Colegio Público de Abogados sino una asociación civil con sede en la calle Montevideo 640. Alberga y defiende a ex ministros o ex funcionarios de distintas dictaduras y combate a demonios como el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni. Los abogados lo llaman “El Colegito”. Como no es de afiliación obligatoria, se supone que quienes pertenecen al Colegito o simpatizan o son tolerantes con otros socios. Como en un club. Sin embargo, al revés de otros consocios, Fargosi sí asumió tareas en el Colegio Público cuando su presidente fue el radical conservador Alberto Spota.
Consocios

Fargosi se recibió de abogado en 1976 y dos años después, el 7 de noviembre de 1978, ya se había inscripto en el Colegito con el número 3517. En la web del Colegito su nombre está después de otro Fargosi, Horacio Pedro, número 1453, inscripto el 7 de agosto de 1952. Horacio Fargosi patrocinó a Aerolíneas Argentinas no bien fue privatizada por Carlos Menem, en 1990. Luego de la privatización Fargosi fue fundador y presidente de Interinvest, una argucia para que una empresa de sólo 12 mil pesos de capital pudiese esquivar el Código Aeronáutico y ser receptora de las acciones de Iberia. Iberia era la controladora de Aerolíneas desde su privatización lograda en tiempo record por un atajo de la Corte Suprema de entonces, que en la jerga se conoce como per saltum. Fargosi, a la cabeza del estudio Fargosi & Asociados, fundado en 1960, terminó de presidente del directorio de Aerolíneas cuando Antonio Mata se hizo cargo de la compañía.

Roberto Durrieu, funcionario bonaerense con Ramón Camps de jefe de policía y ex viceministro de Justicia de Jorge Rafael Videla, es el número 2694 y se asoció en 1967.

José Alfredo Martínez de Hoz se inscribió en 1951. Tiene el 1435 y sus colegas fueron tolerantes con él cuando fue ministro de Economía de Videla, entre 1976 y 1981, y ahora que está procesado por el secuestro de Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto, el 5 de noviembre de 1976. Ambos fueron capturados para ser obligados a operar comercialmente con una empresa radicada en Hong Kong que contaba con el auspicio de Martínez de Hoz. El juez Norberto Oyarbide dice tener indicios firmes de que la privación de la libertad de los Gutheim se debió “al supuesto incumplimiento por parte de Sadeco de la entrega de aproximadamente 4760 toneladas de fibra de algodón con destino de importadores con asiento de sus negocios en la ciudad de Hong Kong”. Para Oyarbide, hubo en el caso “un irrazonable empleo del poder coercitivo del Estado nacional” y también “la más absoluta desatención, plenamente consciente y determinada, a las esenciales garantías ciudadanas”, con “el avasallamiento de todo principio constitucional”.
Doctrina

El Colegito criticó la detención del ex ministro de Economía. También cuestionó el matrimonio igualitario ante la media sanción de la Cámara de Diputados. “Es una propuesta que enturbia la realidad natural del matrimonio”, decía en medio de la “guerra de Dios” proclamada por el arzobispado de Buenos Aires para impedir la otra media sanción, la del Senado. E insistía en otra declaración: “El fundamento del interés público del matrimonio civil no radica en la consideración de los aspectos afectivos de la relación de los cónyuges, sino en los fines estratégicos que esta institución del orden natural cumple en la dimensión personal y social, sin los cuales ningún país o sociedad es viable”.

La investigación sobre Papel Prensa y la caducidad de la licencia de Fibertel fueron, para el Colegito, “un preocupante desprecio a la Constitución Nacional y las leyes que refleja un proyecto totalitario, orientado sistemáticamente a degradar la República, socavando principios liminares de nuestro estado de derecho”.

El consocio de Martínez de Hoz en el Colegito pertenece al estudio Oyhanarte & Fargosi y es experto en telecomunicaciones. Egresado con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, su curriculum indica que culminó su carrera docente como director del Posgrado en Derecho de las Comunicaciones de la UBA y como docente en posgrados de las universidades Austral, San Andrés y Católica Argentina. Es presidente de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones y dirigió el Instituto de Derecho de las Comunicaciones en la Facultad de Derecho de la UBA.

Ex director de Asesoría Jurídica de Telefónica de Argentina, actualmente está contratado como abogado de Fibertel, la empresa del Grupo Clarín proveedora de Internet a la que el Poder Ejecutivo le dictó la caducidad de su licencia. “Nunca vi una resolución así”, dice Fargosi.

Sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Fargosi piensa que se trata de una “total inconstitucionalidad, porque avasalla las autonomías provinciales, lo cual es gravísimo, y además pone en manos estatales unas ciertas facultades que el Estado no tiene por qué tener”. Y agrega: “Todo lo que se ponga en manos del Estado sabemos que es para beneficios del gobierno. Es un hecho y siempre ha pasado así”.
Inmovilismo

Para el nuevo representante de los abogados porteños en el Consejo de la Magistratura, ese organismo debería dar a la Justicia “la garantía de la no politización”. Piensa Fargosi que “hoy en día hay una cantidad de juicios políticos pendientes que se deben terminar, por el enjuiciamiento o por la cancelación del pleito porque se usan algunos como arma de amenaza”.

Según Fargosi, “hay un terrible cóctel de inseguridad e impunidad”.

Cuando fue consultado por este diario acerca de la alianza con Fargosi y el apoyo de miembros del Colegito, el diputado radical Ricardo Gil Lavedra respondió de manera descarnada: “Es muy importante para nosotros en la próxima elección no nombrar a un abogado que esté en línea con el kirchnerismo. Los números en el Consejo, con su composición actual, son muy justos, y un abogado puede definir una votación”.

Ni en las declaraciones de Fargosi ni en las de Gil Lavedra aparecen acusaciones concretas contra el oficialismo en el Consejo de la Magistratura. Fargosi, en todo caso, achaca inmovilismo: muchos juicios políticos pendientes, dice. Si, con la nueva mayoría que desea Gil Lavedra, todo terminara no en enjuiciamientos sino en la cancelación masiva de pleitos, el actual oficialismo no tendrá mucho de qué ser acusado. Y tampoco tendrá mucho de qué ufanarse en materia de cambios judiciales de fondo luego del primer gran cambio: haber impulsado el juicio político a los cortesanos de Carlos Menem y haber nombrado como nuevos miembros a Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Carmen Argibay, que suman siete junto a Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda.

Las elecciones que dieron la victoria a Fargosi fueron fruto de una gran movilización. Rizzo, el segundo en las elecciones, escribió en el site Noticias Urbanas que en 2006 votaron 4500 abogados, la mitad que en las elecciones de la última semana. “Eramos la Marina boliviana contra la de Estados Unidos”, se lamentó Rizzo.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 40 mil abogados matriculados.

El 15 habrá otra votación. Los jueces elegirán a sus tres representantes entre los 13 que forman el Consejo de la Magistratura.

El 21 los abogados de las jurisdicciones provinciales decidirán quién será su delegado.

En términos partidarios, el resultado previsible es un avance radical y un retroceso oficialista. Pero contar porotitos es medio tonto cuando hay de por medio un Poder Judicial sin reformar, corporaciones opacas y un Colegito que, al fin, logra santificar el lobby mediante el voto.

Fargosi: de Cobos con amor

El alfil de Julio Cobos ganó en el colegio de abogados, ex Tacuara, amigo de Franco Macri y lector de Daniel Goleman

Podría ser tema para cuatro abogados en el Petit Colón, Lavalle y Libertad: “¿Viste? Ganó Fargosi”. O de dos empresarios tejiendo negocios en un campo de golf sin sudestada: “Este les va a poner un freno”. Pero es una noticia política que merece más atención. Alejandro Fargosi ganó limpiamente un lugar en el Consejo de la Magistratura por los abogados porteños. Sobre 9856 votos, Fargosi obtuvo el 60,2 por ciento, contra el 29,4 de Jorge Rizzo y el 10,3 por ciento de Beinusz Szmukler.

El triunfo de Fargosi surgió tras un prolijo armado entre la Unión Cívica Radical, el PRO de Mauricio Macri y la estructura del Colegio de Abogados de la Capital Federal. Ese Colegio no es el Colegio Público de Abogados sino una asociación civil con sede en la calle Montevideo 640. Alberga y defiende a ex ministros o ex funcionarios de distintas dictaduras y combate a demonios como el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni. Los abogados lo llaman “El Colegito”. Como no es de afiliación obligatoria, se supone que quienes pertenecen al Colegito o simpatizan o son tolerantes con otros socios. Como en un club. Sin embargo, al revés de otros consocios, Fargosi sí asumió tareas en el Colegio Público cuando su presidente fue el radical conservador Alberto Spota.
Consocios

Fargosi se recibió de abogado en 1976 y dos años después, el 7 de noviembre de 1978, ya se había inscripto en el Colegito con el número 3517. En la web del Colegito su nombre está después de otro Fargosi, Horacio Pedro, número 1453, inscripto el 7 de agosto de 1952. Horacio Fargosi patrocinó a Aerolíneas Argentinas no bien fue privatizada por Carlos Menem, en 1990. Luego de la privatización Fargosi fue fundador y presidente de Interinvest, una argucia para que una empresa de sólo 12 mil pesos de capital pudiese esquivar el Código Aeronáutico y ser receptora de las acciones de Iberia. Iberia era la controladora de Aerolíneas desde su privatización lograda en tiempo record por un atajo de la Corte Suprema de entonces, que en la jerga se conoce como per saltum. Fargosi, a la cabeza del estudio Fargosi & Asociados, fundado en 1960, terminó de presidente del directorio de Aerolíneas cuando Antonio Mata se hizo cargo de la compañía.

Roberto Durrieu, funcionario bonaerense con Ramón Camps de jefe de policía y ex viceministro de Justicia de Jorge Rafael Videla, es el número 2694 y se asoció en 1967.

José Alfredo Martínez de Hoz se inscribió en 1951. Tiene el 1435 y sus colegas fueron tolerantes con él cuando fue ministro de Economía de Videla, entre 1976 y 1981, y ahora que está procesado por el secuestro de Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto, el 5 de noviembre de 1976. Ambos fueron capturados para ser obligados a operar comercialmente con una empresa radicada en Hong Kong que contaba con el auspicio de Martínez de Hoz. El juez Norberto Oyarbide dice tener indicios firmes de que la privación de la libertad de los Gutheim se debió “al supuesto incumplimiento por parte de Sadeco de la entrega de aproximadamente 4760 toneladas de fibra de algodón con destino de importadores con asiento de sus negocios en la ciudad de Hong Kong”. Para Oyarbide, hubo en el caso “un irrazonable empleo del poder coercitivo del Estado nacional” y también “la más absoluta desatención, plenamente consciente y determinada, a las esenciales garantías ciudadanas”, con “el avasallamiento de todo principio constitucional”.
Doctrina

El Colegito criticó la detención del ex ministro de Economía. También cuestionó el matrimonio igualitario ante la media sanción de la Cámara de Diputados. “Es una propuesta que enturbia la realidad natural del matrimonio”, decía en medio de la “guerra de Dios” proclamada por el arzobispado de Buenos Aires para impedir la otra media sanción, la del Senado. E insistía en otra declaración: “El fundamento del interés público del matrimonio civil no radica en la consideración de los aspectos afectivos de la relación de los cónyuges, sino en los fines estratégicos que esta institución del orden natural cumple en la dimensión personal y social, sin los cuales ningún país o sociedad es viable”.

La investigación sobre Papel Prensa y la caducidad de la licencia de Fibertel fueron, para el Colegito, “un preocupante desprecio a la Constitución Nacional y las leyes que refleja un proyecto totalitario, orientado sistemáticamente a degradar la República, socavando principios liminares de nuestro estado de derecho”.

El consocio de Martínez de Hoz en el Colegito pertenece al estudio Oyhanarte & Fargosi y es experto en telecomunicaciones. Egresado con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, su curriculum indica que culminó su carrera docente como director del Posgrado en Derecho de las Comunicaciones de la UBA y como docente en posgrados de las universidades Austral, San Andrés y Católica Argentina. Es presidente de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones y dirigió el Instituto de Derecho de las Comunicaciones en la Facultad de Derecho de la UBA.

Ex director de Asesoría Jurídica de Telefónica de Argentina, actualmente está contratado como abogado de Fibertel, la empresa del Grupo Clarín proveedora de Internet a la que el Poder Ejecutivo le dictó la caducidad de su licencia. “Nunca vi una resolución así”, dice Fargosi.

Sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Fargosi piensa que se trata de una “total inconstitucionalidad, porque avasalla las autonomías provinciales, lo cual es gravísimo, y además pone en manos estatales unas ciertas facultades que el Estado no tiene por qué tener”. Y agrega: “Todo lo que se ponga en manos del Estado sabemos que es para beneficios del gobierno. Es un hecho y siempre ha pasado así”.
Inmovilismo

Para el nuevo representante de los abogados porteños en el Consejo de la Magistratura, ese organismo debería dar a la Justicia “la garantía de la no politización”. Piensa Fargosi que “hoy en día hay una cantidad de juicios políticos pendientes que se deben terminar, por el enjuiciamiento o por la cancelación del pleito porque se usan algunos como arma de amenaza”.

Según Fargosi, “hay un terrible cóctel de inseguridad e impunidad”.

Cuando fue consultado por este diario acerca de la alianza con Fargosi y el apoyo de miembros del Colegito, el diputado radical Ricardo Gil Lavedra respondió de manera descarnada: “Es muy importante para nosotros en la próxima elección no nombrar a un abogado que esté en línea con el kirchnerismo. Los números en el Consejo, con su composición actual, son muy justos, y un abogado puede definir una votación”.

Ni en las declaraciones de Fargosi ni en las de Gil Lavedra aparecen acusaciones concretas contra el oficialismo en el Consejo de la Magistratura. Fargosi, en todo caso, achaca inmovilismo: muchos juicios políticos pendientes, dice. Si, con la nueva mayoría que desea Gil Lavedra, todo terminara no en enjuiciamientos sino en la cancelación masiva de pleitos, el actual oficialismo no tendrá mucho de qué ser acusado. Y tampoco tendrá mucho de qué ufanarse en materia de cambios judiciales de fondo luego del primer gran cambio: haber impulsado el juicio político a los cortesanos de Carlos Menem y haber nombrado como nuevos miembros a Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Carmen Argibay, que suman siete junto a Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda.

Las elecciones que dieron la victoria a Fargosi fueron fruto de una gran movilización. Rizzo, el segundo en las elecciones, escribió en el site Noticias Urbanas que en 2006 votaron 4500 abogados, la mitad que en las elecciones de la última semana. “Eramos la Marina boliviana contra la de Estados Unidos”, se lamentó Rizzo.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 40 mil abogados matriculados.

El 15 habrá otra votación. Los jueces elegirán a sus tres representantes entre los 13 que forman el Consejo de la Magistratura.

El 21 los abogados de las jurisdicciones provinciales decidirán quién será su delegado.

En términos partidarios, el resultado previsible es un avance radical y un retroceso oficialista. Pero contar porotitos es medio tonto cuando hay de por medio un Poder Judicial sin reformar, corporaciones opacas y un Colegito que, al fin, logra santificar el lobby mediante el voto.