miércoles, 19 de mayo de 2010

Carlos Calvo, la doctrina Drago y Telecom

Por Pablo Morales

Hace dos días, en el marco de un Foro Unión Europea-América Latina, Gabriele Galatieri, Presidente de Telecom Italia, cometió lo que podríamos llamar una “gaffe diplomática” grave: pidió que la Unión Europea “tutelara los intereses de Telecom Italia en Argentina”. Es decir, pidió que la UE proteja, defienda, salvaguarde, los intereses de su empresa en Telecom Argentina. Es difícil imaginar qué es lo que quiso decir con esa frase, especialmente cuando el conflicto en curso por el control del mercado telefónico argentino está hoy en manos de los tribunales argentinos y quizás a las puertas de una intervención de la propia Corte Suprema.
Entendemos que no faltan razones para que el Gobierno argentino no goce hoy de muchas simpatías entre los dirigentes europeos, especialmente después de la cátedra de economía heterodoxa dictada por nuestra Presidente en tierras españolas, justamente cuando los gobiernos de España e Italia se encaminan hacia la implementación de duras políticas de ajuste para hacer frente a las situaciones que desencadenaron con sus políticas de gasto, endeudamiento y déficit fiscal. No fue la suya una prédica muy oportuna. También entendemos el enojo de Telefónica de España que ve el riesgo de que se le escape de las manos la posibilidad de alcanzar una posición monopólica en el mercado telefónico argentino, pudiendo llegar a controlar a las dos principales licenciatarias de servicio básico. Y más aún que ésto suceda cuando también se le está escapando la posibilidad de hacerse del control de la empresa de telefonía móvil Viva de Brasil, debido a la oposición del gobierno portugués a que Telefónica de España se quede con el control de la Telecom de Portugal que, a su vez, tiene una fuerte participación en Viva. Pero de allí a pedir la intervención comunitaria para proteger los intereses de la empresa que representa, hay como un salto al pasado de más de un siglo.
Sus declaraciones tienen el color de las presentaciones que hacían los comerciantes o los acreedores europeos radicados en Venezuela ante los ministros plenipotenciarios o los cónsules de sus países para que los protegieran de la falta de pagos o de expropiaciones indebidas de los gobiernos locales. Presentaciones que terminaban con las cañoneras de las potencias europeas estableciendo bloqueos, bombardeando los puertos o tomando las naves de los países deudores, justamente con el fin de “tutelar” los intereses de sus nacionales.
Fue justamente en el marco de una de esas situaciones que nuestro país acuñó lo que hoy se conoce como la Doctrina Drago, por le nombre de Luís María Drago, que fuera Ministro de Relaciones Exteriores del Presidente Roca. A partir de 1898 Venuela entró, tras la muerte del Presidente Joaquín Crespo, en una suerte de guerra civil de la que salió victorioso Cipriano Castro, que en medio de grandes dificultades políticas y económicas se negó a reconocer las deudas que su país mantenía con varias potencias europeas. Esto originó la intervención del Imperio Inglés y del Imperio Alemán, que enviaron una flota que contó con el apoyo logístico de buques de guerra del Reino de Italia. Las naves europeas bloquearon los puertos, bombardearon puertos y naves y capturaron naves, cargas y ciudadanos venezolanos. Estados Unidos, a pesar de la vigencia de la Doctrina Monroe, declaró que no intervendría mientras no hubiera intentos de ocupación territorial o colonización del suelo americano.
Fue ésta la ocasión en que el Ministro Drago envió una extensa nota al Ministro Plenipotenciario de Argentina en Berlín, García Merou, para ser presentada al gobierno alemán, sosteniendo en dicha misiva era inadmisible el cobro compulsivo de la deuda pública ni “presión ejercida sobre los pueblos del continente por el solo hecho de una desdichada situación financiera que obliga a una de las partes a diferir el cumplimiento de sus obligaciones”. La misiva llegó a las manos de otro eminente jurista, Carlos Calvo, que si bien había nacido en Montevideo representó durante años a nuestro país ante las cortes europeas. Carlos Calvo tenía una importante carrera como jurista: había publicado en 1868 un monumental tratado, “Derecho Internacional Teórico y Práctico de Europa y América” donde expuso lo que hoy conocemos como su doctrina: “los extranjeros están sometidos en sus reclamos a la jurisdicción de los tribunales locales”; en 1873 había participado de la fundación del Instituto de Derecho Internacional Público, en Gantes; era miembro de número del Institut de France y de la Real Academia de Historia de España. Con la carta de Drago en sus manos, Carlos Calvo la tradujo y la envió a los principales jurisconsultos de aquella época, poniendo en ello todo el peso y el prestigio de su persona. Las reacciones no se hicieron esperar y todas ellas no hicieron sino reafirmar los principios defendidos por aquellos ilustres argentinos. Quizás la más interesante de ellas, fue la del Profesor Pasquale Fiore, napolitano de origen, pero profesor en varias universidades italianas, quien sostuvo en su respuesta que “si se debe considerar la ingerencia como un atentado a los derechos de la soberanía interna, aún con el objeto de proteger los intereses de los propios nacionales, con mayor razón se debe considerar como ilegítima la intervención”.Como se verá, una postura muy alejada de la que exhibe hoy su connacional Gabriele Galtiere.

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