Según informan los medios italianos de hoy la Oficina Antimonopolio de ese país ha realizado una inspección en las oficinas centrales del gigante de telefonía Telecom Italia. A ello podría seguir la apertura de una instrucción basada en la hipótesis de un abuso de posición dominante, que puede resultar de acciones que generan márgenes de utilidad más elevados a costa de los usuarios o de los competidores.
La denuncia fue presentada por Fastweb y Wind, -rivales de Telecom- dijo el regulador en su sitio web. Ambas empresas sostienen que Telecom Italia realiza prácticas desleales como ser rechazar o demorar el paso de sus clientes a otras compañías, así como el ofrecimiento de llamativos descuentos para los usuarios a lo que ofrecen precios inferiores a los niveles de los costos en los que incurrían sus rivales.
Wind dijo que los rechazos de conexión han sido excepcionalmente altos entre sus usuarios, según la Autoridad Antimonopolio.
Tanto Wind como Fastweb acusan a Telecom Italia de comportarse de manera “discriminatoria” al ofrecer precios notablemente diferenciados en regiones no sujetas a control. Los descuentos ofrecidos llegan hasta el 69%.
El tema de las telecomunicaciones –un sector estratégico, sin duda para cualquier Gobierno- genera controversias en otros puntos del planeta. Por caso, en Argentina, la posible fusión de Telefónica de Argentina y Telecom Argentina despierta fuerte contrapuntos, ya que ante una eventual unión se generaría una posición dominante de las empresas del sector, que pasarían a convertirse en una.
En 2008, la española Telefónica, con fuerte presencia en la Argentina -no solo maneja Telefónica y Movistar, sino también Telefé, el canal de mayor rating en el país, y una importante cantidad de canales de TV, radios y medios gráficos del interior- ingresó en el capital de Telecom Italia con una participación relevante, generando así una situación de control en las dos empresas que disponen del servicio de telefonía básica en Argentina, algo que prohibe expresamente la legislación que dio lugar a la privatización de ENTEL. Desde entonces, el Gobierno argentino busca terminar con esta situación monopólica.
Ayer la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico anuló tres resoluciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que, entre otras cosas, habían impedido ejercer los derechos políticos a los directores designados por Telecom Italia en Telecom Argentina. Sin embargo, esta decisión judicial no tiene alcances prácticos por cuanto las medidas tomadas por CNDC también fueron avaladas por otros tribunales argentinos. De este modo, siguen firmes mientras no sean objeto de revisión por un tribunal superior.
Para ser más precisos, en el terreno nada ha cambiado ya que sigue vigente el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico, que ratifica las medidas de la CNDC. Este fallo también ha sido apelado por Telecom Italia mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Hoy, ese expediente está a la espera de que el Procurador General de la Nación, Esteban Riggi emita su opinión. Mientras tanto, todo sigue igual.
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