La discusión sobre la ley de medios y el monopolio Clarín, y medidas del gobierno argentino de impedir la existencia de posiciones monopólicas vuelven a poner el problema de la concentración de la economía argentina en el centro del debate. El proceso de concentración económica vivido en nuestro país durante los últimos treinta años parece estar lejos de revertirse. El mismo avanza tanto por conductas legales como ilegales: cuando las grandes empresas no compran a las más pequeñas, las hacen quebrar a través de maniobras anticompetitivas para quedarse con la porción de sus mercados. El resultado es una estructura económica caracterizada por mercados fuertemente oligopolizados y/o cartelizados. Los niveles de concentración de la economía argentina son alarmantes, particularmente en lo que refiere a los insumos básicos (cemento, petroquímica, siderurgia y aluminio). El poder de mercado de las empresas en estos sectores impide el desarrollo de las firmas que utilizan estos insumos para agregarles valor. El mercado del cemento es controlado por cuatro empresas, y entre tres de ellas controlan el 96% de la producción: Loma Negra (49%), Cementos Minetti (32%) y Cementos Avellaneda (163%). En el sector petroquímico la producción de etileno (utilizado en la obtención de polímeros como el polietileno) está concentrada en un 96% en una sola firma (PBB Polisur), mientras que en la fabricación de tolueno (utilizado en combustibles y como solvente) existe una situación duopólica entre Petrobras (56%) y Repsol (44%). Dentro de la siderurgia la fabricación de chapa laminada en caliente es controlada en un 84% por Siderar, mientras que en la chapa laminada en frío la empresa brasileña controla el 99%. Finalmente, tenemos el caso extremo del aluminio, donde una sola empresa (Aluar) controla la totalidad del mercado. Se tratan todos de insumos utilizados para fabricar casi todos los bienes, por lo que los dueños de estas pocas compañías son quienes determinan el precio y los niveles de abastecimiento existentes en la Argentina. Alguien podría argumentar que se trata de actividades que por su naturaleza deben ser monopólicas (u oligopólicas) en ese caso si alguna forma de producción o explotación de servicios requiere intrínsecamente el monopolio, el estado deberá controlar y poner límites al daño que el monopolio intrínsecamente contiene y lleva a la sociedad, es ahí en donde debe aparecer el Estado en su rol de articulador de los intereses del conjunto (o de la mayoría) de los ciudadanos de un país.
La española Endesa tiene el control de Edesur, que ahora también es de la italiana Enel, pero incluso podría pasar a la alemana E.ON por un acuerdo de transferencia de activos en el extranjero como contraprestación para que abandonara el partido por el control de la eléctrica hispana. Estos cambios de comando no son indiferentes para cualquier ente de regulación estatal, incluso para el más eficiente de todos, que no es el caso local, aunque tampoco es un desastre. Los planes de inversión para la expansión de la red, como para evitar contingencias por cortes de luz porque llueve mucho, y la mejora en la calidad de la prestación quedan en una nebulosa, pese a que se sostenga lo contrario públicamente. Ningún ejecutivo a nivel de los cuadros de decisión avanzará sobre proyectos relevantes hasta no tener un horizonte despejado sobre su destino laboral y el rumbo que marquen los nuevos dueños. El Estado queda sumergido entonces en la inacción involuntaria porque las fichas se mueven en un tablero que está a miles de kilómetros de distancia.
La asociación Telefónica-Telecom tiene efectos aún más impactantes. Los españoles compraron Olimpia a Pirelli por 5595 millones de dólares, empresa que detenta el 18 por ciento de la telefónica italiana. Mediante otras operaciones se quedaron con más acciones junto a otros inversores, lo que les permitirá tener el derecho a poner dos directores en la conducción de la compañía. Telecom Italia posee la mitad del paquete de su filial argentina. El resto está en manos del Grupo Werthein (48 por ciento) y France Telecom (2 por ciento). Por más ingeniería jurídica que diseñen para eludir las previsibles observaciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, queda en evidencia que se volvería a constituir un único monopolio natural en el sector de telecomunicaciones básica, con la diferencia de que hace 17 años era estatal (ENTel) y ahora sería privado (Telefónica). La norma que reguló esa privatización prohíbe esa asociación entre grupos de control de cada una de las dos zonas en que se dividió el país. Hasta ahora la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no ha requerido información sobre el alcance de esa unión. En cambio, en Brasil, donde se produce una situación similar en la telefonía móvil, ya se avanzó en ese sentido vía el organismo de control del sector.
Además, el problema de la concentración económica se suma a otro de igual magnitud: el incesante proceso de extranjerización de la economía argentina. Con más del 80% de la cúpula empresarial en manos transnacionales, el desinterés por el mercado interno es creciente y los salarios lejos de percibirse como demanda efectiva no son más que costos que deben reducirse para ganar en competitividad.
Nuestro país cuenta con leyes que regulan las compras o fusiones de empresa, así como el abuso de posiciones dominantes. Resulta imprescindible que éstas se cumplan, haciendo más efectivo el accionar del Estado en lo que refiere a prevención y sanción de prácticas monopólicas que tienen efectos negativos evidentes, tanto para los consumidores finales como para los eslabones más débiles de las cadenas de valor.
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