Se consolidan fuertes monopolios en Argentina

La dis­cu­sión so­bre la ley de me­dios y el mo­no­po­lio Cla­rín, y me­di­das del go­bier­no ar­gen­ti­no de im­pe­dir la exis­ten­cia de po­si­cio­nes mo­no­pó­li­cas vuel­ven a po­ner el pro­ble­ma de la con­cen­tra­ción de la eco­no­mía ar­gen­ti­na en el cen­tro del de­ba­te. El pro­ce­so de con­cen­tra­ción eco­nó­mi­ca vi­vi­do en nues­tro país du­ran­te los últimos treinta años pa­re­ce es­tar le­jos de re­ver­tir­se. El mis­mo avan­za tan­to por con­duc­tas le­ga­les co­mo ile­ga­les: cuan­do las gran­des em­pre­sas no com­pran a las más pe­que­ñas, las ha­cen que­brar a tra­vés de ma­nio­bras an­ti­com­pe­ti­ti­vas pa­ra que­dar­se con la por­ción de sus mer­ca­dos. El re­sul­ta­do es una es­truc­tu­ra eco­nó­mi­ca ca­rac­te­ri­za­da por mer­ca­dos fuer­te­men­te oli­go­po­li­za­dos y/o car­te­li­za­dos. Los ni­ve­les de con­cen­tra­ción de la eco­no­mía ar­gen­ti­na son alar­man­tes, par­ti­cu­lar­men­te en lo que re­fie­re a los in­su­mos bá­si­cos (ce­men­to, pe­tro­quí­mi­ca, si­de­rur­gia y alu­mi­nio). El po­der de mer­ca­do de las em­pre­sas en es­tos sec­to­res im­pi­de el de­sa­rro­llo de las fir­mas que uti­li­zan es­tos in­su­mos pa­ra agre­gar­les va­lor. El mer­ca­do del ce­men­to es con­tro­la­do por cua­tro em­pre­sas, y en­tre tres de ellas con­tro­lan el 96% de la pro­duc­ción: Lo­ma Ne­gra (49%), Ce­men­tos Mi­net­ti (32%) y Ce­men­tos Ave­lla­ne­da (163%). En el sec­tor pe­tro­quí­mi­co la pro­duc­ción de eti­le­no (uti­li­za­do en la ob­ten­ción de po­lí­me­ros co­mo el po­lie­ti­le­no) es­tá con­cen­tra­da en un 96% en una so­la fir­ma (PBB Po­li­sur), mien­tras que en la fa­bri­ca­ción de to­lue­no (uti­li­za­do en com­bus­ti­bles y co­mo sol­ven­te) exis­te una si­tua­ción duo­pó­li­ca en­tre Pe­tro­bras (56%) y Rep­sol (44%). Den­tro de la si­de­rur­gia la fa­bri­ca­ción de cha­pa la­mi­na­da en ca­lien­te es con­tro­la­da en un 84% por Si­de­rar, mien­tras que en la cha­pa la­mi­na­da en frío la em­pre­sa bra­si­le­ña con­tro­la el 99%. Fi­nal­men­te, te­ne­mos el ca­so ex­tre­mo del alu­mi­nio, don­de una so­la em­pre­sa (Aluar) con­tro­la la to­ta­li­dad del mer­ca­do. Se tra­tan to­dos de in­su­mos uti­li­za­dos pa­ra fa­bri­car ca­si to­dos los bie­nes, por lo que los due­ños de es­tas po­cas com­pa­ñías son quie­nes de­ter­mi­nan el pre­cio y los ni­ve­les de abas­te­ci­mien­to exis­ten­tes en la Ar­gen­ti­na. Al­guien po­dría ar­gu­men­tar que se tra­ta de ac­ti­vi­da­des que por su na­tu­ra­le­za de­ben ser mo­no­pó­li­cas (u oli­go­pó­li­cas) en ese caso si al­gu­na for­ma de pro­duc­ción o ex­plo­ta­ción de ser­vi­cios re­quie­re in­trín­se­ca­men­te el mo­no­po­lio, el estado deberá controlar y poner límites al daño que el monopolio intrínsecamente contiene y lleva a la sociedad, es ahí en don­de de­be apa­re­cer el Es­ta­do en su rol de ar­ti­cu­la­dor de los in­te­re­ses del con­jun­to (o de la ma­yo­ría) de los ciu­da­da­nos de un país.


La española Endesa tiene el control de Edesur, que ahora también es de la italiana Enel, pero incluso podría pasar a la alemana E.ON por un acuerdo de transferencia de activos en el extranjero como contraprestación para que abandonara el partido por el control de la eléctrica hispana. Estos cambios de comando no son indiferentes para cualquier ente de regulación estatal, incluso para el más eficiente de todos, que no es el caso local, aunque tampoco es un desastre. Los planes de inversión para la expansión de la red, como para evitar contingencias por cortes de luz porque llueve mucho, y la mejora en la calidad de la prestación quedan en una nebulosa, pese a que se sostenga lo contrario públicamente. Ningún ejecutivo a nivel de los cuadros de decisión avanzará sobre proyectos relevantes hasta no tener un horizonte despejado sobre su destino laboral y el rumbo que marquen los nuevos dueños. El Estado queda sumergido entonces en la inacción involuntaria porque las fichas se mueven en un tablero que está a miles de kilómetros de distancia.

La asociación Telefónica-Telecom tiene efectos aún más impactantes. Los españoles compraron Olimpia a Pirelli por 5595 millones de dólares, empresa que detenta el 18 por ciento de la telefónica italiana. Mediante otras operaciones se quedaron con más acciones junto a otros inversores, lo que les permitirá tener el derecho a poner dos directores en la conducción de la compañía. Telecom Italia posee la mitad del paquete de su filial argentina. El resto está en manos del Grupo Werthein (48 por ciento) y France Telecom (2 por ciento). Por más ingeniería jurídica que diseñen para eludir las previsibles observaciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, queda en evidencia que se volvería a constituir un único monopolio natural en el sector de telecomunicaciones básica, con la diferencia de que hace 17 años era estatal (ENTel) y ahora sería privado (Telefónica). La norma que reguló esa privatización prohíbe esa asociación entre grupos de control de cada una de las dos zonas en que se dividió el país. Hasta ahora la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no ha requerido información sobre el alcance de esa unión. En cambio, en Brasil, donde se produce una situación similar en la telefonía móvil, ya se avanzó en ese sentido vía el organismo de control del sector.
Ade­más, el pro­ble­ma de la con­cen­tra­ción eco­nó­mi­ca se su­ma a otro de igual mag­ni­tud: el in­ce­san­te pro­ce­so de ex­tran­je­ri­za­ción de la eco­no­mía ar­gen­ti­na. Con más del 80% de la cú­pu­la em­pre­sa­rial en ma­nos trans­na­cio­na­les, el de­sin­te­rés por el mer­ca­do in­ter­no es cre­cien­te y los sa­la­rios le­jos de per­ci­bir­se co­mo de­man­da efec­ti­va no son más que cos­tos que de­ben re­du­cir­se pa­ra ga­nar en com­pe­ti­ti­vi­dad.
Nues­tro país cuen­ta con le­yes que re­gu­lan las com­pras o fu­sio­nes de em­pre­sa, así co­mo el abu­so de po­si­cio­nes do­mi­nan­tes. Re­sul­ta im­pres­cin­di­ble que és­tas se cum­plan, ha­cien­do más efec­ti­vo el ac­cio­nar del Es­ta­do en lo que re­fie­re a pre­ven­ción y san­ción de prác­ti­cas mo­no­pó­li­cas que tie­nen efec­tos ne­ga­ti­vos evi­den­tes, tan­to pa­ra los con­su­mi­do­res fi­na­les co­mo pa­ra los es­la­bo­nes más dé­bi­les de las ca­de­nas de va­lor.